19 de agosto de 2017
 

 
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INICIO > MONOGRÁFICOS > Caídos sin nombre
 
  Antonio Ramos Espejo
  La Represión
  Caídos sin nombre
  La Transición tiene su protagonistas, su pequeños y grandes héroes, el pueblo paciente que espera el cambio frente a esas minorías de poder que hacen lo imposible para que el régimen no acabe nunca o cuando menos que se reencarne en las urnas de la democracia. Además de las sórdidas palizas en los cuartelillos, de los procesos que acaban en multas cuantiosas, de activistas simbólicos que siguen en el exilio o se exponen a los rigores de las cárceles, como los sindicalistas del 1.001 (Eduardo Saborido, Fernando Soto y Eduardo Saborido), curas como Juan Antonio Casasola que muestran verdugones en sus cuerpos, los que realmente se llevan la peor parte son aquellos que nunca más volverían a respirar el aire de su tierra, ni se sentarían a la mesa familiar, ni verían amanecer más días en sus vidas. Estas líneas pretenden rescatarlos del olvido y reponerlos con sus nombres y apellidos en las páginas de la historia que nos ocupa.

La represión como respuesta.
En Andalucía la represión ha sido especialmente dura. Históricamente ha sido la respuesta a cualquier conato de rebeldía, a la más mínima protesta salarial. El campo andaluz ha sido testigo y víctima de ese modo de actuar del poder central de forma directa o a través de sus delegados en esta tierra. Sin remontarnos a historias de los siglos pasados y sin detenernos en las acciones de la posguerra (los fusilamientos y las ejecuciones con fugas planificadas), ese modelo de represión, que llega hasta bien entrada la democracia, tiene sus prolegómenos en 1970: en la manifestación de albañiles en la que caen muertos tres trabajadores a disparos de las fuerzas de orden público. La represión persigue cortar de raíz cualquier intento de expresión por denunciar situaciones que afectan lo mismo a problemas socio-económicos propios de pueblos subdesarrollados, como a demandas de una subida salarial o denuncias sobre carencias tan elementales como el agua, que a reivindicaciones políticas o culturales. Encontramos, además del caso de Granada, los siguientes: el joven Javier Verdejo Lucas muere a disparos de un guardia civil el 13 de agosto de 1976 mientras realiza una pintada en la playa del Zapillo de Almería; el 4 de diciembre de 1997 en Málaga, Día de Andalucía, un policía de paisano mata de un balazo a José Manuel García Caparrós, la primera víctima de la autonomía; el 10 de mayo de 1981 tres jóvenes aparecen muertos, carbonizados, en un Ford Fiesta en la carretera de Gérgal, Almería: Luis Cobo Mier, Luis Montero García y Juan Mañas Morales, que habían llegado de Santander. En el trayecto son confundidos por etarras. Detenidos por la Guardia Civil, y aunque la policía había advertido de que se trataba de un error, se decreta ese desenlace fatal. Y finalmente los casos específicos que tienen lugar en la provincia de Sevilla, de los que a continuación nos ocupamos.

Agua y sangre en Carmona.
El 1 de agosto de 1974 se registra en Andalucía otra víctima por disparo de bala en el curso de una manifestación, organizada por los habitantes de un barrio de Carmona, para pedir agua. La víctima es Miguel Roldán Zafra, un trabajador, padre de familia, que ni siquiera había participado en la protesta. La explicación oficial, como siempre, carga la responsabilidad sobre los manifestantes y justifica, como en todos los casos, el tiro mortal por disparo fortuito al aire o porque se dispara el arma de un agente mientras persigue a los manifestantes. Las víctimas, como en el parte oficial que sigue, siempre aparecen al final, como si sus nombres, sus vidas, carecieran de interés:

“...Alrededor de las ocho de la tarde y cuando dichas fuerzas trataban de disuadir a los numerosos vecinos que se habían congregado muchos, meros espectadores- en un nuevo intento de restablecer el tránsito y restablecer la situación en esta importante vía de comunicación, se vieron atacados por un grupo de exaltados con pedradas de las que uno de los propios vecinos resultó herido leve, intentándose asimismo un forcejeo durante el cual, y de modo accidental, se disparó el arma de uno de los números de la Guardia Civil, cuyo proyectil hirió a dos de los allí presentes, Miguel Roldán Zafra, de 37 años, que sufrió heridas de carácter muy grave de las que, tras ser intervenido quirúrgicamente, falleció en un centro sanitario de esta capital, y al menor Enrique Rodríguez Valverde, que recibió herida producida por la misma bala, que le quedó alojada en muslo, siendo el estado de este último herido francamente satisfactorio, al no revestir la herida gravedad alguna”.

El Correo de Andalucía, que se destaca ya en estos temas por su oposición al régimen, publica el comentario editorial Agua y sangre en Carmona:
“Por primera vez durante la Paz de Franco, las tierras de Sevilla se han teñido con la sangre de un inocente, abatido por las fuerzas del orden durante una manifestación de protesta... El hecho de que recusemos abiertamente el sistema de encauzar una justa, justísima, manifestación de protesta, obliga a recusar igualmente, con la máxima energía, el procedimiento de desenfundar las armas para que ‘de modo accidental’ se disparen y una bala atraviese a dos personas, dejando segada para siempre una vida inocente, a una esposa sin marido y a dos hijos sin padre (...) La sed de Carmona es sólo pacífica sed de agua. El accidente irreparable ha de servir para una toma de conciencia sobre las exigencias de la construcción pacífica de un orden social que se fragua en el esfuerzo y honestidad de todos -administrados y administradores- en las tareas de la cosa pública”.

Una sola bala perdida causa, porque había que justificar un sólo disparo, la muerte de un manifestante y la herida grave de otro.

Muerte en el Cerro del Águila.
El 9 de julio de 1977, Francisco Rodríguez Ledesma, vecino del barrio sevillano del Cerro del Águila, se tropieza, cuando se dirige a su casa, con una a manifestación de los trabajadores de Hytasa, que trata de disolver la policía por el método más expeditivo. La víctima, de 56 años, recibe un impacto de bala, que provoca su muerte a los pocos días. Explicación oficial:
“... dispersada la concentración, un grupo de unas 100 personas según la mencionada información facilitada, identificó un coche policial dirigiéndose contra el mismo y arrojándole piedras con propósitos claramente agresivos, viéndose obligados los ocupantes a salir del coche y efectuar disparos al aire. Posteriormente se tuvo conocimiento de que en la Casa de Socorro de Nervión había ingresado un hombre herido de bala y que resultó ser Francisco Rodríguez Ledesma...”

Esta vez los medios de comunicación de la recién estrenada democracia no se conforman con la explicación oficial y ya empiezan a leerse titulares como éste de Interviú: Sevilla. Un tiro por la espalda. Y en el texto ya se dice explícitamente de dónde salen las balas que tiran a dar: “Las cargas de la Policía Armada sembraron el desconcierto entre los miles de manifestantes. Entre el tumulto, cinco disparos de bala salieron de la pistola de un policía de paisano. Uno de ellos salió por la espalda de Francisco Rodríguez Ledesma, yesero de profesión, que iba hacia su casa sin participar en la concentración; a la hora de cerrar esta información, Francisco estaba a las puertas de la muerte”.

En ese mismo número de Interviú se reseña otro caso ocurrido en la localidad catalana de Suria, cuando un guardia civil causa la muerte al joven Roque Federico Peralta Sánchez el día 12 de julio de 1977. Un agente, apodado El Gordo, dispara su arma reglamentaria cuando el muchacho intenta entrar sin corbata en la fiesta mayor del pueblo situado a cincuenta kilómetros de Barcelona. Suria: Morir por una corbata, titular de la revista, que da a conocer ambos casos con la siguiente introducción:
“Dicen que las cosas han cambiado en España. Tenemos partidos, elecciones y hasta un flamante Parlamento. Pero en las estructuras de poder más poderosas siguen estando las mismas personas. Y pasa lo que pasa: dos nuevos actos homicidas protagonizados precisamente por personas que tienen como misión el mantenimiento del orden público y que gratuitamente, sin justificación suficiente, han abusado del poder que les daba la posesión de armas de fuego”.

Tiro mortal a un furtivo de Trebujena.
El nuevo régimen democrático trae la libertad de expresión. Sin embargo, en los gobernantes quedaron las secuelas de la represión y la herencia de los partes oficiales, que se siguen redactando a la vieja usanza, con los retoques que la evolución política va exigiendo. Y el 2 de marzo de 1982, casi cinco años después de formalizado el régimen democrático, se dispara con la facilidad que lo hace, desde la puerta del cuartel de la Guardia Civil de Trebujena, el arma de un guardia civil, que mata a un joven de Lebrija. Siguiendo las huellas del anterior régimen, aunque con ligeras variantes, se quiere conformar a la opinión pública con una nota oficial lamentando que unos disparos al aire alcancen el cuerpo de un furtivo.

Ignacio Montoya Alonso, de 18 años, que viaja de paquete en una moto, resulta muerto. Su primo, Antonio López Alonso, el conductor, 16 años, queda gravemente herido. Ambos son vecinos de Lebrija. El superviviente nos cuenta semanas después:

“Nosotros habíamos salido a coger espárragos. Casi nunca íbamos por aquella finca porque aquella gente tiene fama, dan leña... Pero vimos una cabra cerca del cortijo. Y mi primo dijo que tenía mucha hambre, que iba a ordeñar aquella cabra para beberse un poquito de leche y que si encontraba un cacharro me traería a mí una poquita mientras yo arreglaba la moto. Pero de pronto vi que se me acercó una señora y me dio un empujón que me tiró al suelo. Yo me quedé como atolondrado. Pero, ¿qué pasa? Esta tía que me quiere a mí... Entonces mi primo se vino corriendo; no le había dado tiempo de ordeñar la cabra. La señora aquella cogió su coche y se fue para Trebujena a denunciarnos. Y nosotros no habíamos hecho nada, ni llegamos a tocar la cabra.
Dimos dos o tres vueltas por Trebujena –nos cuenta Antonio–. Y ya cuando volvimos a pasar por el cuartel para venirnos a Lebrija fue cuando disparó el guardia.
–¿Tú oíste el alto?
–Yo no oí ná, con el ruido de la moto y de un camión, yo no oí ná...
–¿A qué velocidad íbais?
–A menos de treinta por hora.
–¿Y qué pasó?
–Yo de pronto oí pum, pum, pum... Yo notaba que me pasaba algo aquí en la espalda cuando ya vi que mi primo se caía al suelo. Paré entonces y me puse a levantar a mi primo... Oye, primo... Oye, primo... Y me decía: Ya no viene... Echaba la sangre a chorros. Ya empezó a venir gente...
Ignacio tenía dos balas en el cuerpo. Una en el cuello y la otra en la espalda. Antonio había recibido un tiro en la espalda.
-¿Te diste cuenta de que te había alcanzado una bala?
-Yo sentía un dolorcillo al principio... Luego, el mismo guardia civil que disparó me cogió por los pelos y me arrastró hasta el cuartel. Yo le enseñaba la mano de sangre y él iba diciendo: A ti y al otro, a los dos os voy a quitar de enmedio. Yo ni sabía que tenía el tiro dao. Cuando estaba dentro del cuartel, ya no podía más... Ay, ay, ay... Vi que hasta por el pantalón estaba chorreando sangre. Hasta que ya me harté y le dije al guardia: Pero no me pegue usted más que mire cómo voy”.

Diez mil personas asisten al entierro de la víctima en Lebrija, con sus calles tomadas por las Fuerzas del Orden Público. El gobernador civil, Sanz Pastor, prohíbe la huelga general convocada en el pueblo, a la que se adhieren el alcalde, Antonio Torres, y los comerciantes, con lo que el suceso adquiere una nueva dimensión política. Sanz Pastor amenaza al alcalde con una multa de quinientas mil pesetas y con sanciones a los comerciantes si se suman al paro. Los partidos políticos piden la dimisión del gobernador civil por entender que sus amenazas son toda una provocación. Los alcaldes de Lebrija, Sanlúcar de Barrameda, Cabezas de San Juan, Trebujena y Los Palacios hacen público un comunicado en el que rechazan las notas oficiales “por estimar que carecen de fundamento y contienen ofensas para las víctimas; exigen que el Congreso forme una comisión de encuesta y piden el cese inmediato del gobernador civil de Sevilla, por el despliegue policial ordenado durante el funeral”.

Antonio Gala se hace eco del suceso en El País Semanal (10-III-1982):
“...El gobernador civil de Sevilla se opuso al luto de Lebrija. (“Me han quitado mi peacito de pan”, dijo la madre), al luto por su muchacho muerto (...) “Había salido en su moto chica a rebuscar espárragos bajo el admirable sol de la mañana. No tenía derecho al salario del paro. No tenía cartilla de paro todavía. Una multa de medio millón de pesetas al alcalde por ponerle un crespón negro a la bandera. Un cuarto de millón a quien cerrara un establecimiento. Todos fueron cerrados. Por los altavoces de la plaza habló el alcalde Antonio Torres: “El gobernador no nos deja expresar el dolor por nuestro compañero. Desde aquí yo le digo que se calle y nos respete”.

El autor del disparo, Juan Macías, de Medina Sidonia, ingresa en prisión preventiva. En noviembre de 1983 se celebra el juicio. Según el guardia fueron dos los disparos que efectuó al aire y otros dos contra los cuerpos de los muchachos. La versión de los testigos y la del abogado de la acusación particular, Tomás Iglesias, difiere en un disparo: fueron tres a los cuerpos y uno al aire. Así lo recoge El País, tras efectuarse la reconstrucción judicial del suceso de Trebujena, en el propio lugar de los hechos, con la participación del guardia, Juan Macías, del superviviente Antonio López y de algunos testigos: “De acuerdo con testimonios fidedignos -escribe el periodista José Aguilar, que precisamente es de Trebujena-, uno de los extremos contradictorios que persisten en torno al caso es el referido a los disparos que efectuó el guardia civil Macías: mientras él mismo reitera que fueron dos al aire y, a continuación, otros dos al cuerpo de los jóvenes que viajaban en la moto, los testigos precisan que realizó un tiro al aire y los otros tres contra los muchachos”. (8-IV-1982). En esta ocasión se celebra juicio, aunque la condena es escandalosamente ridícula.

Secuelas que no se olvidan.
Si el corporativismo institucional no cerrara filas, encubriendo los delitos cometidos por sus miembros, ese tipo de guardia civil, heredero todavía de los procedimientos de los años más duros del franquismo, se lo pensaría dos veces cada vez que le picara el veneno del disparo fácil. Cuatro años después de conocerse el caso Trebujena, otro guardia civil mata a otro joven en similares circunstancias: Juan Carlos Benito Grediaga, vecino de Sacedón (Guadalajara), cae fulminado la madrugada del 30 de abril de 1985 por los disparos de un guardia civil mientras busca caracoles, en compañía de unos amigos. Los hechos ocurren en el término municipal de Auñón, en la misma provincia. El parte oficial se refiere también, por si cuela, a la teoría del tropezón, que tan buenos resultados había reportado a los abogados defensores en casos anteriores.

Fuera de Andalucía, como en el escenario del furtivo que pierde la vida por coger caracoles, se registran también otros sucesos que se saldan con víctimas. Sus autores son miembros de las fuerzas del orden público o ciudadanos particulares, que siguen ese mal ejemplo del disparo fácil, como el efectuado por el ganadero que causa la muerte de tres maletillas que trastean los toros de su dehesa a la luz de la luna.

La represión no ha conocido límites.
El régimen democrático impone otros modos de actuar y de informar, pero siempre se han mantenido esos procedimientos al margen de la legalidad y de la opinión pública. Las secuelas de la represión y de su forma oficial de interpretarla por el poder durante el régimen de la Dictadura impregnan algunos comportamientos, institucionales y privados, de los aparatos de la seguridad del Estado, y las formas de dirigirse a la opinión pública mediante los llamados partes –más acorde con la nomenclatura radiofónica– y de las notas oficiales de prensa durante la etapa democrática. De tal modo han ido apareciendo esos modelos viciados que han hecho dudar sobre si su origen está en la lenta reconversión, sin ruptura, o en el difícil reciclaje, de unos aparatos de funcionarios (policiales, militares y judiciales); o si, profundizando aún más en sus raíces, forman parte de la esencia del poder. Unas dudas que el régimen democrático tardará aún en despejar.

Antonio Ramos Espejo es periodista
   
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