Warning: pg_result() expects parameter 2 to be long, string given in /var/www/webs/transicion/web/admin/F_bd.php on line 33 La transición de Andalucía
19 de noviembre de 2017
 

 
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1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983  
  1973
  Francisco Solano Márquez
  Algo se mueve
  La Transición en Córdoba no se comprende sin el Círculo Cultural Juan XXIII, que en los años finales del franquismo juega un importante papel como foro de debate político y trinchera aglutinante de la oposición. Surgido en 1963, a raíz de la publicación de la encíclica Pacem in Terris, su promotor fue José Aumente, aunque firmaron los estatutos el abogado Rafael Sarazá, el funcionario Fernando Atienza y el ingeniero Luis Valverde, su primer presidente. Mantuvo el Círculo un estrecho contacto con la revista Cuadernos para el diálogo, creada en 1964, que aportaría numerosos conferenciantes.

Creyentes comprometidos.
En un principio la base del Juan XXIII la constituye un escaso grupo de creyentes comprometidos –Balbino Povedano asegura que en 1969, cuando era presidente, los socios sumaban sólo 32– que se reúnen en locales prestados. Pero a partir del alquiler de la sede en la calle Romero Barros comienzan a sumarse militantes del Partido Comunista, hasta el punto que hacia 1970 los socios llegan a 600. Es también la época en que arrecia la represión por parte del gobernador de turno, que suspende un ciclo de conferencias en el marco de la I Semana del Estudiante, en el que habrían de intervenir Carlos Castilla del Pino, José Luis García Rúa y Rafael Sarazá.

Aquel mismo año se celebra el Congreso de Abogados de León, donde ya se pide amnistía y abolición de la pena de muerte, y al que acuden Rafael Sarazá, Joaquín Martínez Bjorkman y Juan Sánchez de Miguel, luchador por la democracia fallecido prematuramente.

En diciembre de 1970 el clima político de España se pone al rojo vivo a raíz del consejo de guerra que se celebra en Burgos contra 32 terroristas de ETA y el chantaje que representa el secuestro por la banda terrorista del cónsul alemán en San Sebastián, Eugen Beihl, más tarde liberado. El consejo condena a muerte a seis terroristas, que, ante la presión internacional, respondida dentro con multitudinarias manifestaciones de adhesión inquebrantable, indulta Franco en su mensaje de fin de año, lo que permite iniciar el año nuevo con un respiro.

El proceso de Burgos desata en Córdoba la protesta de un grupo de cristianos progresistas pertenecientes al entorno del Juan XXIII; 63 de ellos deciden emprender un encierro en la iglesia de San Nicolás de la Villa, pero desisten al declararse el estado de excepción, que suspende el artículo 18 del Fuero de los Españoles (“Ningún español podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que prescriben las leyes”).

Mientras tanto, el sacerdote Francisco Natera dirige una carta a las monjas de clausura para decirles que no se puede celebrar la Navidad ni hablar de paz cuando hay condenas a muerte; apoyan el escrito con sus firmas Balbino Povedano, Pilar García Entrecanales y Diego Delgado, presidente de la HOAC, entre otras personas, que son detenidos y encarcelados. “Mi mujer me dijo que no firmase –recuerda Balbino Povedano–, y yo le dije ‘mira, Sole, si por firmar esto me meten en la cárcel entonces es que merece la pena firmarlo’, y firmé, y me metieron el la cárcel”. Son las vísperas de Navidad. Tras dos días de interminables interrogatorios en comisaría y otros dos en la cárcel, son puestos en libertad. Por cierto que al llegar a la prisión un cabo de las fuerzas de seguridad les tranquiliza: “Ustedes no se preocupen –les dice–, que saldrán pronto porque son ricos...”

La represión contribuye al aumento incesante de socios del Juan XXIII, que alcanzan ya el millar. En esta etapa se incorporan también los primeros socialistas, los médicos Rafael Vallejo y Guillermo Galeote, a la sazón vocal del Colegio de Médicos. Constituye el Círculo un activo foro de debate por el que desfilan los miembros de la revista Cuadernos para el Diálogo así como los dirigentes políticos y sindicales de la izquierda, como Enrique Tierno Galván, Alejandro Rojas Marcos, Marcelino Camacho y Felipe González, que, cuando aún era Isidoro, dio en Córdoba la última conferencia antes de viajar a Suresnes, donde sería elegido secretario general del PSOE.

La ilusión, la esperanza y el altruismo inspiran aquellas actividades, y los propios dirigentes del Círculo acogen en sus casas a los conferenciantes, que no cobran ni un duro. Es obligatorio presentar en el Gobierno Civil un esquema de las intervenciones para solicitar la preceptiva autorización, esquema que suele redactar invariablemente Rafael Sarazá, imaginando lo que habrían de decir. “De las cosas que me llevaré a la tumba con satisfacción es haberme inventado el esquema de más de setenta conferencias (...); lo presentábamos, lo sellábamos y ya está”, recuerda Sarazá.

Uno de los indiscutibles defensores de los derechos humanos en Córdoba es el abogado Joaquín Martínez Bjorkman, a la sazón presidente del Juan XXIII en 1973, que con motivo del XXV aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos organiza una lectura pública de la misma, tras la que subyace la reivindicación de libertadas por una izquierda que ya se mueve a cara descubierta.

Otro foco de resistencia y oposición al franquismo lo constituye la librería Ágora, en cuya creación en 1967 habían participado, entre otros, Rafael Sarazá, Antonio Zurita y Fernando Álvarez Nicolás, que provee a la progresía de libros clandestinos y cobija reuniones.

Comunistas entre la represión y la resistencia.
Para comprender el papel que el Partido Comunista desempeña durante la transición política en Córdoba hay que hacer referencia a sus últimos años de clandestinidad. En los últimos años, la principal caída, como llaman a las detenciones, se produce en 1972, con la detención del secretario político Enrique Rodríguez Linares –empleado de banca impulsor de Comisiones Obreras en Córdoba– y de otros responsables como Germán Ramírez, Antonio Grande y Ana María Merino; estas detenciones descabezan la dirección provincial y minan la capacidad organizativa, que se recupera a partir de 1973 con la incorporación de Basilisa Ranchal como secretaria política y de otros dirigentes, entre ellos el guía turístico Francisco López Gavilán, el psiquiatra Fernando López, el emigrante Manuel Lizaga y el abogado Filomeno Aparicio, que defenderá a muchos de sus camaradas ante el temible Tribunal de Orden Público.

En los tiempos más duros de la represión franquista los interrogatorios policiales se acompañan de bofetadas, zarandeos y azotes con toallas mojadas, que causan dolor pero no dejan huella. Bajo su barba venerable el dirigente Ernesto Caballero oculta la cicatriz de un violento puñetazo que le propinó en Barcelona el tristemente famoso comisario Conesa. “Cuando había sangre se descomponían”, asegura. Pero peor que la violencia física es la psíquica, con su cruel repertorio de insultos, vejaciones y amenazas a la familia.

Una clase política con el reloj parado. Mientras la creciente oposición política al franquismo se mueve en la clandestinidad bajo la vigilancia policial, el diario del Movimiento dedica dos columnas con recuadro a informar sobre la onomástica del gobernador civil y del presidente de la Diputación, o recoge con machacona insistencia las actividades del Consejo Provincial del Movimiento, de la nostálgica Hermandad de Alféreces Provisionales o de la Guardia de Franco. Son meros ejemplos del criterio oficialista que inspira la línea informativa del Córdoba, a menudo, mero portavoz del gobernador civil y jefe provincial del Movimiento.

Este enfoque propagandista de las informaciones alcanza su paroxismo en determinadas fechas, como el aniversario del discurso pronunciado en Córdoba en 1935 por José Antonio Primo de Rivera, que se sigue conmemorando en un Gran Teatro lleno de funcionarios falangistas, que a su término entonan el ‘Cara al sol’, brazo en alto. La arenga política la pronuncia este año Jesús Suevos, quien proclama con verbo encendido que “el milagro de España se llama 18 de julio de 1936”. Todavía. Pocos días más tarde, las autoridades viajan al Valle de los Caídos para asistir al funeral anual dedicado a los caídos cordobeses “por Dios y por España”, ceremonia que este año adquiere una singularidad especial con el traslado de los restos de 54 caídos de Espejo para ser depositados en la cripta de la capilla del Carmen. En el mismo marco del Gran Teatro se repite a finales de octubre la conmemoración del discurso fundacional de la Falange, cuya lección política pronuncia Demetrio Castro Villacañas.

Tanto el 18 de julio, aniversario del “glorioso Alzamiento Nacional”, como el 1 de octubre, en que se conmemora la “exaltación del Caudillo a la Jefatura del Estado”, el gobernador civil –Manuel Hernández Sánchez, a quien releva en agosto Mariano Nicolás García–, al frente de las autoridades civiles y militares, preside sendas recepciones oficiales por las que desfilan en ordenada fila funcionarios y nostálgicos para dar “la cabezada”, manifestación de inquebrantable adhesión al régimen. En torno al 18 de julio el gobernador emprende además una gira maratoniana por 40 pueblos para inaugurar realizaciones del régimen y escuchar el rosario de problemas que exponen los alcaldes.

Tan seguro está el régimen de la pervivencia del partido único que el Patrimonio del Estado cede en junio una parcela de su propiedad situada junto al Gobierno Civil para construir en ella la nueva Casa del Movimiento, edificio cuyas obras se adjudican poco después en 35,7 millones de pesetas.

Democracia orgánica.
Cuando la oposición clandestina y la prensa más crítica, dentro de lo que cabe, reclaman democracia y libertad, el régimen se obstina en mantener su peculiar modelo de “democracia orgánica”, sustentada en la familia, el municipio y el sindicato como pilares de la participación, restringida, dentro de un orden. Bajo estas premisas se ponen en marcha unas elecciones municipales que en el Ayuntamiento de Córdoba cubrirán doce vacantes, cuatro por cada grupo. “Del Ayuntamiento depende tu bienestar / Tú puedes votar libremente”, reza uno de los eslóganes de la campaña institucional.

Para el llamado “tercio de representación familiar” concurren diecinueve candidatos, entre los que figura Leonardo Rodríguez, obrero metalúrgico de Secem vinculado al movimiento vecinal. Resultan elegidos Manuel Alcántara Eslava, Ramón Baena Salas, Gregorio Herrero Sánchez de Puerta –“hijo de José María Herrero Blanco, primer caído en Córdoba el 18 de julio de 1936”, como menciona en su reseña biográfica– y Juan Millán Álvarez.

Catorce candidatos se presentan por el tercio sindical, de entre los que los compromisarios eligen a Antonio Campos Medina, Ramón Lozano y García de Vinuesa, Pedro Jiménez Barba y José Bellido Romero. Y otros doce participan por el tercio de entidades, de los que obtienen plaza Juan Martos Reyes, Arturo Gómez Cima, Antonio Ortega Raya y Juan Carrillo Pastrana. ¿Quién dice que aquí no hay participación?

La subida del autobús moviliza a la izquierda. La subida del precio de los autobuses urbanos en febrero, motivada por la renovación de la flota, la aprovecha el clandestino PCE para un ensayo de movilización ciudadana no exenta de coacción, como señala el periódico: “Grupos de personas invitaban a los viajeros a no subir a los vehículos, contra los que, en ocasiones, se arrojaron piedras, originando la rotura de cristales”.

Con tono editorializante, la columna ‘Córdoba al trasluz’ opina que “lo que de ninguna manera se puede justificar son los actos de violencia que en determinados momentos se produjeron ayer en nuestras calles contra aquellos que en pleno ejercicio de su libertad individual continuaron usando los autobuses como medio de transportes, haciendo caso omiso a las consignas de boicot vertidas en unas octavillas que habían sido distribuidas el día anterior, (las cuales) señalan a todas luces la acción de un grupo subversivo que, aprovechando el descontento producido por la subida, pretende crear un clima de violencia que sirva de campo abonado a sus proyectos”. Uno de los militantes comunistas más activos en aquella acción es José Luis Villegas, quien, curiosamente, años más tarde, ocuparía la presidencia del consejo de administración de Aucorsa, ya municipal.

En un ambiente de latente crispación hasta los accidentes de tráfico alientan movilizaciones populares, como ocurre a finales de verano en la barriada de los Olivos Borrachos, cuyos vecinos se echan a la calle y cortan la carretera para reclamar la instalación de un semáforo, a raíz del mortal atropello de dos niños hermanos.

De Allende a Carrero Blanco. Indignación y rabia produce entre los cordobeses de izquierdas el cruento golpe militar perpetrado en Chile por el general Augusto Pinochet el 11 de septiembre, que derroca con violencia el régimen democrático de Salvador Allende y tira por tierra los sueños de libertad del pueblo chileno. Convertido en mártir del socialismo y de la libertad, el recuerdo de Allende alienta en España y en Córdoba innumerables acciones de solidaridad y reafirma las ansias de libertad en la izquierda.

Tres meses después, el 20 de diciembre, a España se le corta la respiración cuando ETA hace volar por los aires el automóvil del presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, hombre fuerte del régimen, que había sido nombrado a principios de junio. Dos días más tarde el obispo Cirarda oficia en la Catedral cordobesa un solemne funeral por el almirante, con cuyo nombre se bautizará la nueva plaza del Gobierno Civil, la misma donde el Ayuntamiento ha aprobado la erección del monumento a los Caídos del “bando nacional”.

Franco nombra para sustituir al almirante como nuevo presidente del Gobierno a Carlos Arias Navarro, hasta ahora ministro de Gobernación, que dos años más tarde, creyéndose intérprete y sucesor del dictador, tantas trabas pondrá a la voluntad democratizadora del Rey.

Una provincia llena de carencias. Mientras Sofico publica anuncios a toda plana prometiendo alta rentabilidad para el dinero, y Rumasa construye junto al hotel Córdoba Palace un parque residencial para quienes puedan pagarlo, las clases populares claman por viviendas sociales, demanda que intentan satisfacer la Obra Sindical del Hogar y la Constructora Benéfica de la Caja Provincial de Ahorros, que en marzo entrega 862 viviendas en el polígono Santuario, donde los bloques de pisos van desplazando a las antiguas huertas.

Al norte de la provincia los pueblos tienen sed, que muchos de ellos calman formando largas colas de cántaros ante las fuentes públicas, pues carecen de agua potable a domicilio. En marzo, el Consejo de Ministros alumbra la esperanza, al aprobar 463 millones para el abastecimiento de agua a 16 pueblos desde el nuevo embalse de Sierra Boyera que la Diputación construye sobre el Guadiato, cerca de Belmez. El deplorable estado de las carreteras acentúa el aislamiento empobrecedor de muchos pueblos, sobre todo en el norte.

Uno de los casos más críticos es Peñarroya-Pueblonuevo, antaño emporio industrial alentado por la Compañía Minero-Metalúrgica de su nombre, que en los últimos quince años ha visto cerrar fábricas y perder 2.000 puestos de trabajo. Para contener el profundo malestar, la autoridad sindical promueve la elaboración de un plan de acción especial para la zona. Palabras y buenas intenciones.

Pero el mayor problema del año para los bolsillos de los trabajadores es la galopante inflación ante un Gobierno impotente para contenerla, pese a que decreta congelación de precios. El índice interanual rebasa en agosto los 12 puntos, mientras que gastos de primera necesidad como la alimentación y el calzado alcanzan los 14, así que los trabajadores pierden constantemente poder adquisitivo.

Termómetro de la pobreza que castiga a los desfavorecidos es la página semanal que publica Cáritas en el Córdoba, con casos como éste: “Matrimonio con ocho hijos menores de dieciséis años. El cabeza de familia se encuentra enfermo y no puede trabajar. Como consecuencia de los escasos ingresos se han comprometido en numerosas deudas, para atender las más urgentes necesitan ayuda de 5.000 pesetas”.

La retórica de los ministros. De vez en cuando desfilan por Córdoba ministros del Gobierno, cuyas declaraciones triunfalistas, que la prensa local recoge a toda plana, casi nadie se cree, pues la desesperanza ha ido alimentando el escepticismo. Licinio de la Fuente, responsable de la cartera de Trabajo, intenta  sacudir el escepticismo con palabras de acento social que hablan de “perfeccionamiento de las normas sociales, equitativa distribución de las rentas, amplitud de los cauces para el diálogo y eficacia de la representatividad y participación social”, como premisas de una “convivencia justa y pacífica de los españoles”.

Nada consuelan las palabras del ministro a los 6.897 parados oficiales –es decir, por debajo de la realidad– que registra la provincia en el mes de abril, muchos de ellos del campo, que se han de resignar a las ayudas, siempre insuficientes, del subsidio agrario.

También baja por Córdoba el ministro comisario del Plan de Desarrollo. “A pesar de que quedan muchas cosas por hacer –reconoce–, me llevo una impresión alentadora, porque es innegable que Córdoba está en el camino ascendente”. La típica retórica del régimen.

Ante el primero de mayo nadie se mueve aún a la luz del día, salvo la Obra Sindical de Educación y Descanso, que para distraer a los trabajadores de sus problemas organiza un denso programa de actividades deportivas, remedo provinciano de la magna Demostración Sindical que en el estadio Santiago Bernabéu preside el general Franco. Pero el asesinato en Madrid de un subinspector de policía siembra de luto la fiesta del trabajo y desata reacciones de condena desde el patriotismo. (“¡Descansa en paz, camarada!”, editorializa el Córdoba).

Ante el 1 de mayo el obispo Cirarda publica una carta pastoral que trasluce una clara preocupación social, pues Dios, dice, “hizo la tierra para todos sus hijos y quiere que todos participemos en fraterna equidad de todos sus bienes”. Más adelante invoca el amor cristiano para conseguir que “todo hombre con posibilidades de trabajar encuentre el trabajo que necesita, reciba de él lo que precisa para vivir con su familia de acuerdo con la dignidad humana y alcance los cauces necesarios para que los trabajadores, como dice el Concilio con palabra medida, participen a nivel de empresa y en los niveles institucionales superiores donde se toman las decisiones económicas y sociales por sí mismos o por medio de representantes libremente elegidos”.

El nombramiento de José María Cirarda como obispo de Córdoba en 1972 había despertado cierta esperanza entre los cristianos progresistas, pero a muchos acaba decepcionándoles pese a gestos tan inequívocos como su intervención para conseguir la libertad del dirigente comunista Ernesto Caballero –que llevaba preso un año sin auto de procesamiento– bajo fianza de 75.000 pesetas, que prestó Cáritas. El jesuita Jaime Loring afirma que el obispo mantuvo la independencia y un distanciamiento prudente frente al poder civil, y evitó el enfrentamiento.

Prensa amenazada.
La aparición en 1966 de la Ley de Prensa promovida por Fraga establece el depósito previo de los periódicos antes de su distribución, lo que supone una clara censura, ingrata tarea encomendada a la delegación provincial de Información y Turismo. Así, nada más salir de la rotativa los primeros ejemplares del diario Córdoba, un empleado los entrega de madrugada en la delegación, donde un funcionario de guardia revisa su contenido; si encuentra alguna información inconveniente, despierta al delegado, que vive en la planta de arriba, y si éste aprecia materia de infracción avisa a su vez al fiscal de la Audiencia, que puede decretar el secuestro de la edición. Ni siquiera un periódico del Movimiento con el yugo y las flechas en la cabecera escapa a tan penosa obligación.

Después de casi tres décadas en el cargo se jubila voluntariamente el director del Córdoba Pedro Álvarez, que es sustituido por Federico Miraz, leonés recriado en Asturias que empuñará el timón del periódico durante la etapa de la transición política. El nuevo director sacude el adormecido inmovilismo del diario, potencia la información local y crea la sección de cartas al director, que abre las páginas al contraste de pareceres dentro de un orden.

En verano deja de publicarse El Semanario Cordobés, fundado y dirigido por el sacerdote Manuel Sánchez de Rojas, más tarde secularizado, que desde su creación en 1971 abre sus páginas a la opinión y a reportajes-denuncia sobre las carencias de los barrios populares.

Creada a finales de 1971, la Universidad de Córdoba, regida por una comisión gestora, carece de empuje para contribuir, como otras, al proceso de cambio. El secretario del Colegio Universitario, el jesuita Feliciano Delgado, considera que la Universidad no debe ser un centro de acción política, aunque sí de discusión política, pues “en el momento en que sea tomada por algunos como centro para sus acciones políticas –afirma– no permitiría ni siquiera la discusión”.

Si bien la expresión escrita permanece aún amordazada por la censura, determinados artistas plásticos alineados con la izquierda comunista utilizan su pintura para la denuncia social de situaciones injustas, como son los casos de José Duarte, Francisco Aguilera Amate o José Morales, que celebran exposiciones este año en la activa galería Studio 52 de José Jiménez Poyato, artista fotógrafo animador y catalizador del debate cultural, que convierte la tienda, la trastienda y la contigua terraza del bar Siroco en un abierto foro tan plural como informal, donde coinciden los adictos al Movimiento con los intelectuales librepensadores y los artistas embargados por preocupaciones político-sociales, sin la amenaza policial de la disolución. Uno de los más asiduos es Juan Bernier, distinguido este año con el trofeo Zahira de Oro, promovido por un grupo de cordobeses independientes.

Abre la nueva galería Atrium, a la que Antonio Povedano trae renombrados pintores de su generación, algunos vinculados al grupo El Paso. Y la Asamblea de Cultura de las Diputaciones deja dos exposiciones de interés; una sobre orfebrería cordobesa, preparada por Dionisio Ortiz Juárez, y otra de cordobanes y guadamecíes, a cargo de Manuel Nieto Cumplido.

En el cine es el año de Cabaret, El violinista en el tejado y Adiós cigüeña, adiós. El Magdalena, como sala especial, exhibe películas de arte y ensayo, lo que ha ido restando peso e influencia a cine-clubs históricos como el Liceo, caballo de Troya crítico en un Círculo de la Amistad conservador, en el que Antonio Gala pronuncia la conferencia del año en Córdoba, acerca del teatro de García Lorca. Nuria Espert encandila con su versión de Yerma en el Gran Teatro, coliseo que conmemora su centenario con Tosca, el retorno de la ópera a Córdoba tras un largo ayuno. Y un cordobés de Fernán-Núñez, Emilio José, gana el festival de Benidorm con su ‘Soledad’.

‘Una ciudad bombardeada’. Es el año en que Gala afirma que Córdoba le parece una ciudad bombardeada, por los estragos que aprecia en su patrimonio; el más grave de todos, sin duda, el desdoblamiento del paseo de la Ribera, que merece un crítico reportaje en Sábado Gráfico firmado por Antonio Guerra: “Córdoba ante un proyecto fatal para su historia y su futuro”. El Ayuntamiento ratifica su respaldo, e incluso utiliza a las peñas para montar el paripé del apoyo popular al proyecto. Lleva razón Carlos Castilla del Pino cuando en las páginas de Triunfo aconseja en enero “Apresúrese a ver Córdoba”.

En plena siesta agosteña se emprende la demolición del Círculo de Labradores, símbolo sociológico de una burguesía agraria que, como afirma Jaime Loring, va perdiendo poder fáctico a partir de la creación de la Universidad y la industrialización alentada por el Polo de Desarrollo, al amparo de cuyos beneficios muchas empresas anuncian creación de puestos de trabajo que no siempre perduran. Así ocurre con Andaluza de Cerámicas, que promete crear 82 –ilusión que dura pocos años por la crisis de la empresa–, y con la azucarera de El Carpio, de corta vida pese a los mil millones invertidos.

Aquella disparatada tentación de Franco. El general Franco había sentido la disparatada tentación de sacar de la Catedral el crucero cristiano y devolver la Mezquita a los árabes, según reveló en unas declaraciones el Marqués de Lozoya: “Siendo yo director general de Bellas Artes surgió la idea, en un impulso de gratitud al mundo islámico, que tan eficazmente había contribuido a la victoria, de desmontar y de trasladar la catedral gótico-renacentista de Córdoba para restituir la Mezquita a su integridad estilística y a su antiguo destino para que fuese, como lo fue en el siglo X, centro espiritual del Islam”.

Tan insensata pretensión había desencadenado una agria polémica en la prensa nacional en 1972. Una reunión del ICOMOS –organismo de la UNESCO especializado en la conservación de monumentos–, celebrada en la primavera de 1973 a invitación del Ayuntamiento, deja las cosas en su sitio al decretar en su Resolución de Córdoba el “respeto más absoluto para todos los valores culturales” que encierran los monumentos en los que dejaron su huella sucesivas civilizaciones. “Esta pluralidad cultural –añade la declaración– constituye su originalidad y la misma viene a ser como un símbolo de superación de los conflictos y rivalidades del pasado”. Años más tarde, el Ayuntamiento recogerá toda esta historia en el libro La Mezquita-Catedral de Córdoba y el Icomos, del canónigo Manuel Nieto Cumplido.
   
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