Warning: pg_result() expects parameter 2 to be long, string given in /var/www/webs/transicion/web/admin/F_bd.php on line 33 La transición de Andalucía
26 de marzo de 2017
 

 
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  1973
  Juan José Téllez Rubio
  Al almirante se le fue la misa
  Cuando el almirante Luis Carrero Blanco subió a los cielos, yo estrenaba gafas de miope y jugaba con una máquina de petacos en un bareto de la avenida de Portugal, donde el mundo olía a quintos de Cruzcampo y cabezas de gambas por el suelo: “Vilmente asesinado”, tronaba la prensa al día siguiente. “Game over”, gritaba la tragaperras, mientras los himnos militares llenaban la radio y el vicealmirante poeta Eduardo Gener declaraba que el ilustre interfecto era un hombre bondadoso.

Operación Ogro, le llamó ETA al atentado que, a 20 de diciembre, le costó la vida al evidente sucesor de Franco y a su chófer. Corrieron, por tal motivo, ríos de lágrimas, ríos de champán y ríos de  rumores. Como que la CIA estaba en el ajo y que en Cádiz, la ciudad donde iba a residir parte de la familia del presidente del Gobierno asesinado, aguardaba un barco para poner a salvo a los autores materiales del suceso. Pero de entre los navíos de dicha nacionalidad, en esos días, sólo amarraba al muelle un buque estadounidense, el Elizabethport, parte de cuya tripulación tenía la extraña costumbre de actuar periódicamente por las calles de la ciudad, canturreando en actos públicos, incluyendo las Fiestas Típicas.

Luis Carrero Blanco no era un extraño en la capital gaditana, donde ya residían tres de sus hijos y una de sus nietas había ejercido como reina infantil en la anterior edición de las Fiestas Típicas Gaditanas: “Reclamamos para Cádiz, el dolor emotivo que nos produce la ausencia irreparable en nuestras calles de ese marino, padre y abuelo, que en las luminosas mañanas gaditanas, veíamos cruzar apresuradamente la Alameda, porque ‘se le iba’ la Misa de una en el Carmen”, le describe Bartolomé Llompart en su sección habitual del Diario de Cádiz, “De ayer a hoy”. Aquel 20 de diciembre, la misma se le volvió a ir, por razones ajenas a su voluntad.

Aquel año fue un año trepidante. En septiembre, el golpe de Estado en Chile había compungido el corazón de todos los demócratas y había tenido un eco impensable en Cádiz, quizá porque seguía siendo alargada la sombra de Bernardo O’Higgins, el libertador chileno que estuvo desterrado en la ciudad. Meses después, un grupo de jóvenes rebeldes, entre quienes figuraba el joven socialista Alfonso Perales, llevarían a cabo una insólita acción de protesta ante la llegada a puerto del buque Libertad, paradójico nombre de la escuela flotante de guardamarinas chilenos.
A comienzos de marzo, se había inaugurado la autopista entre Sevilla y Cádiz, pero nadie suponía que iba a seguir siendo de peaje 30 años más tarde. Mientras una expedición buscaba el continente hundido de La Atlántida en aguas de Cádiz, Marruecos ampliaba a 70 sus millas jurisdiccionales y la pesca empezaba a dar las primeras últimas boqueadas en los muelles gaditanos.

Los niños de San Felipe y los Salesianos intercambiaban cromos de Zoo-Loco, mientras las alumnas de Las Esclavas pedían muñecas Leslie de Famosa, en la carta de Reyes. La salita de casa la alumbraba un televisor en blanco y negro por el que emergía el teniente Frank Columbo, dirigido por un tal Steven Spielberg, o el pequeño saltamontes, David Carradine, que le puso a su hija Liberty, como casi todos nosotros hubiéramos querido ponerle a España. Pero aquel país seguía preso, dentro y fuera de las cárceles como la del Puerto, por la que una vez pasó El Lute, antes o después de escaparse en el 71, y volver a ser detenido en el 73, como insólito regalo de bodas de un régimen que no creía ni en el amor ni en los bandidos generosos.

Aquel año, a la Compañía Sevillana de Electricidad se le ocurrió colocar una central nuclear en la playa virgen de Bolonia, junto a las ruinas de Baelo Claudia. Así se lo comunicó al Ayuntamiento de Tarifa y así apareció reconocido el 14 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado. Sevillana llegó a organizar incluso excursiones de fuerzas vivas a las centrales de Zorita en Guadalajara y de Vandellós en Tarragona, pero por fortuna el proyecto no llegó nunca a puerto alguno.

El escritor sanluqueño Eduardo Mendicutti cerraba las páginas del 73 al conquistar, el 22 de diciembre, el premio Sésamo de novela, por su obra Tatuaje. La movida todavía usaba pantalón corto.

Gaditanos de armas tomar. Volvían algunos desterrados, con su abrigo manchado todavía por las aguas del Atlántico o el recuerdo de la sangre. Era el caso del pintor algecireño Rafael Argelés, que decidió recluirse en Argentina cuando empezó a sonar el estrépito de la guerra civil española. O el de su paisano Ramón Puyol, que ese año puso fin a su confinamiento en Madrid, y regresó a su remota patria chica de donde había salido para ser director general de Bellas Artes durante la Segunda República o estampar su firma en los carteles que defendían, frente al ataque golpista de Franco, el malogrado lema de “No pasarán”.

Todavía quedaban topos del maquis en la sierra, ya hacía tiempo que los sindicatos democráticos (CC OO, UGT y USO, principalmente) actuaban en la clandestinidad. El Partido era el Partido, todavía, aunque los socialistas empezaban a dejarse ver, tímidamente, a partir del llamado grupo de Alcalá. En Cádiz, comenzaba a surgir, a las claras, una oposición al régimen franquista. Antonio Castillo, en su libro La Transición en Cádiz, 1975-1982 (Aspectos políticos y electorales), cita a título de ejemplo un informe de la Guardia Civil, con fecha 20 de marzo de 1973, en torno a simpatizantes del Partido Comunista, en el que se llegaba a asegurar que se organizaban comidas con campesinos para ganar adeptos: “Se está proyectando el agrupamiento de partidos políticos de izquierdas, con el objeto de formar en la clandestinidad un Frente Popular, similar al existente en la vecina nación francesa”, rezaba uno de los informes que atribuía dicha iniciativa al “huido político” José de la Rosa de los Ríos, aunque Castillo asegura que dicha sospecha no es correcta, “pues éste se desvincula del Partido Comunista, cuando se va a Francia”, en fecha anterior a ese año.

Incluso en la estructura del Sindicato Vertical, cabían opositores como Emilio Fábregas, pero el Partido Comunista mantenía una sólida estructura provincial, en base al trabajo en células, desde Sanlúcar a San Roque, donde Francisco González Deleito tuvo que huir a París. En la capital, el estandarte del partido lo asumía Pablo, el nombre en clave de José Mena, pero el mapa rojo provincial se completaba con nombres como los de Antonio Álvarez, Manuel Espinar y Rafael Gómez Ojeda, en El Puerto, o los de Miguel Campos y Francisco Cabral, en Trebujena, mientras que los hermanos del Águila (Juan José y Jorge) significaban sus principales referentes en el Campo de Gibraltar. Desde el MCA de Aurelio Niebla y Ana Moya, al Partido Socialista Popular de Jorge Pérez Tenorio o la Asamblea Socialista de Andalucía (ASA) que empezaba a gestarse, la futura sopa de letras de las elecciones generales de 1977 se cocía a fuego lento, de un confín a otro de la provincia.

Pero había algo más, como se puso de manifiesto aquel 1 de mayo de aquel año: “Cuatro enmascarados rompieron las lunas de una sucursal de la Caja de Ahorros –informaba escuetamente Diario de Cádiz, dos días más tarde–. El hecho tuvo lugar en la plaza de la antigua Audiencia. En la Plaza de Martínez Campos en el barrio de la Viña. Llegaron a pie con medias en la cara, guantes y botas, provistos de grandes piedras con las que destrozaron cuatro grandes lunas. En una de las paredes pintaron las siglas del “partido comunista leninista español” (lo escriben con minúscula) colocando dos banderas en la Escuela de Maestría. Una de las banderas era republicana y la otra comunista. También en las inmediaciones lanzaron gran cantidad de octavillas. Terminadas sus fechorías los cuatro individuos se dieron a la fuga”. Dos días más tarde, el rotativo se ve obligado a insertar el siguiente suelto: “En relación con una información publicada en Diario de Cádiz el pasado día 2, nos comunica la Comisaría de Policía que los cuatro desconocidos que llevaron a cabo actos vandálicos no iban con el rostro cubierto, ni llevaban guantes ni botas. Las banderas no las pusieron en la Escuela de Maestría sino que las arrojaron al interior de la Caja de Ahorros así como las octavillas”.

Aquel suceso obedecía a una consigna impartida por aquel partido, que pasa por ser el pionero de los grupos maoístas españoles y que se había constituido en octubre de 1964. Luego, apostarían por el modelo albanés y los días 1 y 2 de mayo de 1973 protagonizaron, en distintas ciudades españolas, enfrentamientos callejeros con la Policía Armada, causando la muerte de un agente en Madrid.

A mediados de junio del 73,  la Guardia Civil detuvo en Madrid a un gaditano que parecía ser el cabecilla del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), que cierta izquierda creyó que había sido organizado por el propio régimen, para utilizarlo a su antojo a fin de desacreditar a la oposición antifranquista en su conjunto. Sin embargo, la historia parece demostrar lo contrario: que no eran marionetas del sistema ni tan fieros como los pintaron, a pesar de que, en la nota oficial que siguió a aquella detención madrileña se indicaba que los guardias “pudieron hacerse con unas armas, que eran las instrucciones que, por lo visto, tenían del partido comunista, apoderarse del armamento donde fuera posible”.

La policía de la época parecía confundir al PCE con el PCE (ml), no se sabe si intencionadamente o no. Pero Cádiz también fue germen de organizaciones mucho más radicalizadas, como ocurriría pronto con la constitución de los GRAPO, los grupos revolucionarios armados primero de octubre, a partir del PCE (r) y del germen juvenil que fue la ODEA, por cuyas siglas pasaron más de cien gaditanos: quizá ello explique que el grupo terrorista con vocación de Guadiana nunca perpetrase atentados en la provincia. El teniente coronel José Manuel Sánchez-Gey, quien fue ayudante de campo del gobernador militar de Cádiz, declaraba que “siendo Cádiz el lugar de descanso  de los GRAPO, no ha sucedido nada”, salvo un suceso que se registraría a 11 de diciembre de 1978: “Una bomba hizo explosión en la puerta de la cochera del Gobierno un día. Se cerró esa puerta y nada más”.

En 1973, hacía las maletas rumbo a Madrid el gaditano José María Sánchez Casas, fundador del grupo de teatro Quimera en el que militarían Juan García y Juan Martín Luna y que también participaron en la creación de los GRAPO. En la capital española, Sánchez Casas asumiría inicialmente la responsabilidad de Agitación y Propaganda de la OMLE.

Antifranquistas de uno y otro signo. Dentro de la estructura política del régimen empezaron a apreciarse ciertas divergencias, por parte de quienes apostaban por el inmovilismo y quienes eran partidarios de cierta apertura reformista. En la misma ciudad y en los mismos círculos, coincidían los paladines del búnker, como Jerónimo Almagro Montes de Oca, alcalde de la ciudad y jóvenes tecnócratas que coqueteaban con el liberalismo o la socialdemocracia, como fueron los casos de Fernando Portillo, presidente de la Diputación que afrontaría pocos años más tarde la creación del Partido Social Liberal de Andalucía (PSLA), junto a Manuel Clavero. Allí velaban las armas de la democracia futuros centristas como Félix Pérez Miyares, al frente de la Organización Sindical, la profesora Carmen Pinedo o el matrimonio formado por Pedro Valdecantos e Isabel Demá, que adquirirían un evidente protagonismo, a bordo de la UCD, durante los años posteriores a la muerte del dictador.

Aproximaciones a los problemas de la España Contemporánea
,  fue el título de la conferencia que pronunció Valdecantos el 5 de abril de 1973 en el Instituto del Rosario. Por esas mismas fechas, Fernando Portillo hablaba de lo que iba a ser el germen del futuro estado de las autonomías, aunque la España franquista estuviera en las antípodas de los nacionalismos peninsulares y no contemplase ni esa opción ni, por supuesto, el federalismo: “La regionalización es necesaria y contribuiría a robustecer la unidad de España”, clamaba Portillo, quien insistía en que los alcaldes y los presidentes de las diputaciones debían ser elegidos y no designados como hasta entonces preconizaba la democracia orgánica.

“¿Qué posibilidades ofrece al desarrollo político nuestra actual ordenación constitucional? ¿Qué nuevas normas jurídicas serían precisas para asentar definitivamente la convivencia de los españoles sobre unas bases políticas que garanticen al mismo tiempo la paz social y la democracia y que conjuguen la libertad con el orden?”, se preguntaría Portillo, racional y razonablemente, meses más tarde, cuando presentó la conferencia que el profesor Stampa pronunció en el Centro Cultural de la Caja de Ahorros de Cádiz: Actualidad Constitucional española.

Las conferencias solían ser una tapadera para la captación de antifranquistas y para la agitación mediante el uso de la palabra. De ahí, que las autoridades gubernativas enviaran agentes de la policía secreta y otros funcionarios, provistos de papel y lápiz para comprobar si se pronunciaban, excesivamente, palabras como libertad, dictadura, marxismo o revolución. El 10 de mayo, en el Colegio Mayor Chaminade, impartía una conferencia  Fernando de Puelles bajo el título de Cádiz en la Historia Social de España. A lo largo de su disertación, Puelles abundaba en la incidencia de los movimientos anarco-sindicalistas en Cádiz, influencia de la provincia gaditana en la gestación y difusión de esas ideas dentro de España, con especial referencia al tarifeño Joaquín Abréu, la llegada de delegados de Bakunin a Cádiz durante 1868, el año de La Gloriosa, la reorganización del movimiento obrero en 1883, la revolución anarquista o la fundación del periódico El Socialismo, por Fermín Salvochea.  El hidalgo Puelles, perteneciente a una ilustre familia de la provincia, dedicaría su herencia a adquirir los ejemplares que terminarían conformando la biblioteca de temas sociorradicales que instaló en su vivienda de Medina, una antigua ermita llamada El Cristo. Él se especializaría precisamente en la vida y la obra del anarquista, Fermín Salvochea, todo un símbolo decimonónico para la izquierda gaditana del siglo XX. En los años noventa, un accidente de tráfico terminó con su vida y con la biblioteca, propiamente dicha. Pero durante los últimos años del franquismo compaginaría sus investigaciones con la formación teórica de un grupo de jóvenes de Medina y Alcalá de los Gazules, entre quienes formarían filas buena parte del futuro PSOE: Ramón Vargas-Machuca, Luis Pizarro, los hermanos Perales o los hermanos Blanco aprenderían a través de él los primeros rudimentos de heterodoxia:
“Yo les hablaba de los espartaquistas alemanes, del marxismo más heterodoxo, del anarquismo. Creía que iban a utilizar dichos conocimientos para la liberación del hombre –me confió a mediados de los ochenta–. Si hubiera sabido que sólo iban a apoltronarse en sus sillones, les habría cobrado al menos las clases particulares”.

“La no violencia es una filosofía y programa vital practicado por Gandhi, Luther King, Dolci, Chávez, ...etcétera. Tiene como fin una transformación social”. Así se pronunciaba, el 11 de junio, Gonzalo Arias, durante una conferencia impartida en el colegio mayor Chaminade, en torno a la no violencia activa.

Cinco años antes, Arias protagonizó una acción en las calles de Madrid, al encartelarse en demanda de libertades públicas. Y cierto tiempo después de que hubiera luto en El Pardo, se haría popular por su campaña a favor de la apertura de la Verja, la frontera con Gibraltar que permanecía cerrada desde 1969. Pero los 30.000 gibraltareños iban a convertirse en los últimos presos políticos del franquismo, hasta que no fueron paulatinamente liberados de aquella especie de arresto domiciliario, a partir de 1982.

Viejos y nuevos señoritos.
Los obreros de Vías y Obras del Ayuntamiento de Jerez, incluidos en el convenio colectivo provincial de la construcción, comenzaron el año con una reclamación simple, la de recibir el sueldo que estipulaba dicho acuerdo. Hizo falta un laudo ejecutivo de la Delegación Provincial de Trabajo, que el Ayuntamiento tardó en aceptar, pero dentro de la Organización Sindical se vivía ya un cierto espíritu de confrontación con las autoridades políticas del momento: no cabe olvidar que, todavía en aquella época, los alcaldes asumían, a la sazón, la Jefatura Nacional del Movimiento.

Jerez seguía siendo el Jerez señorito, sin demasiada multinacionales, aunque menudeaban las visitas de emisarios del Mercado Común. Por entonces, un jerezano llamado Jesús Ynfante iba camino del exilio parisino donde escribiría su célebre alegato Opus Dei, la Santa Mafia. El ya conocía la leyenda de los terratenientes locales, como aquel Domecq a quien llamaban El Pantera y al que atribuían la humillante hazaña de haber paseado por la ciudad a un municipal que le cerró el paso, sobre la capota de su deportivo.

Años más tarde, en las páginas de su libro Los muy ricos, Ynfante analizaría la situación del latifundio en esta época, a partir de un seminario celebrado en 1969, bajo la dirección de Pascual Carrión y con el concurso de Gonzalo Anes y Juan Velarde, entre otros especialistas: “Ni la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, ni las diversas medidas fiscales bajo el franquismo, ni la actuación del Instituto Nacional de Colonización tuvieron una eficaz influencia sobre la propiedad agraria en España y el dato revelador era, según Pascual Carrión, que la estructura de la propiedad de la tierra había permanecido prácticamente invariable, agravada incluso en ciertas regiones latifundistas, en las que grandes fincas ocupaban casi 40 años más tarde, en 1969, mayor extensión que en 1930. Ello podía constatarse principalmente en Extremadura, tanto en Cáceres como en Badajoz, y en Andalucía: Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, etcétera”.

Sobre todas esas zonas, y en especial sobre el Jerez de la mano negra, pesaba la sombra de desamortización y de la fallida reforma agraria de la Segunda República, que generó grandes expectativas en la provincia: “Con 10.600 jornaleros afectados por el paro, los latifundios ocupaban casi el 58% de la superficie y el 3% de los propietarios acaparaba el 67% de la riqueza agraria, Castellar, Puerto Real, Los Barrios, Bornos y Jerez eran, por este orden, los municipios con una mayor implantación terrateniente, con niveles por encima del 73% correspondiente a Jerez. Por ello, Cádiz fue la provincia andaluza donde se estimó una mayor superficie expropiable, concretamente el 44,48%”, analiza Lola Lozano Salado, en el excelente catálogo de la exposición Cádiz, la provincia en el siglo XX, que promovió la Diputación.

La Ley de Expropiación de Fincas Rústicas de 1946 fue intencionadamente limitada, mientras el Instituto Nacional de Colonización adquiría fincas de secano para repoblarlas. Así ocurrió en Puerto Serrano, Bornos, Tarifa o Medina, durante la década de los cuarenta; en Chipiona, Jerez, Trebujena, Sanlúcar y Rota durante la década siguiente. Pero su principal reto tardó en cuajar. En 1973, concluía la construcción del pantano de Guadalcacín, un proyecto que databa de 1947 y que, a decir de Lola Lozano Salado, “cambió por completo la fisonomía del sector oriental del término jerezano”.

“La colonización conllevó la puesta en riego de más de 11.000 hectáreas, otras cuatro mil y pico se vieron afectadas de diferente forma; se establecieron cerca de un millar de colonos y se crearon, para acogerlos, ocho nuevas poblaciones (La Barca de la Florida, Gualcacín del Caudillo, El Torno, Nueva Jarilla, Estella del Marqués, Torrecera, San Isidro del Guadalete, José Antonio) y tres zonas de habitat diseminado (Vega de Arcos, Torremelgarejo y La Ina), todas ellas integradas administrativamente en el municipio de Jerez”.
Empezaban a aflorar nuevos nombres terratenientes. Un caso emblemático fue el de Castellar de la Frontera, el pequeño municipio del Campo de Gibraltar, en las estribaciones de la serranía de Ronda, donde radica el mayor latifundio de Europa, La Almoraima, con 17.000 hectáreas de terreno en 1973. El antiguo patrimonio de los duques de Medinaceli dio paso, precisamente ese año, a la fortuna emergente de José María Ruiz Mateos.

Al calor de la construcción de la presa sobre el río Guadarranque, a la falda del Castillo, el Instituto de Colonización expropió, a finales de los años sesenta, parte de la propiedad de los duques y se construye un nuevo poblado, Castellar, que se inaugura el 26 de julio de 1971. Los habitantes de la antigua fortaleza árabe –declarada conjunto histórico monumental desde 1963– la abandonan, prácticamente en su totalidad, por este nuevo paradero en donde se les ofrece parcela, agua corriente y una casa sin goteras. Al pueblo antiguo y capeando el malogrado proyecto de instalar allí un parador, comenzará a llegar un grupo de hippies que cambiará su rostro y que, al mismo tiempo, contribuirá a su mantenimiento, hasta que soplen los vientos del turismo rural.

En 1973, la empresa Rumasa adquiere todas las posesiones de los duques de Medinaceli en Castellar y comienza, por vez primera, una explotación racional del mayor coto de caza de la península. Era la empresa emblemática de José María Ruiz Mateos, un roteño hijo de vinateros, que ya se las tuvo que ver con la justicia junto con otros miembros de su familia en 1960, cumpliendo arresto domiciliario en dicha primavera por intentar distraer la vista de un empleado del Consejo Regulador de la Denominación de Origen.
Jesús Ynfante relaciona el origen de Rumasa o Ruiz Mateos, SA, con “la lucha infatigable por la supervivencia del astuto vinatero de Rota”, pero también con su adhesión al Opus Dei, sobre todo a partir de que en 1963 escribiese una carta a monseñor Escrivá de Balaguer, en la que le pedía “ser admitido en su Obra para buscar a Dios con ustedes”.

“Fue entonces –afirma Ynfante– cuando el negocio familiar comenzó a ser propulsado a las alturas. Rebautizado como Financiera Rumasa, con sólo medio millón de pesetas de capital, instaló su domicilio social en Barcelona y mantuvo una delegación en Jerez de la Frontera. Si se observan las sociedades que integraban entonces el holding Rumasa, lo que más llama la atención es que casi la totalidad eran bancos, financieras, comerciales e inmobiliarias, es decir, sociedades fácilmente destinadas a la especulación y al pelotazo. Las escasas empresas de Rumasa dedicadas a la producción de bienes estaban relacionadas con el sector agrario, con gran presencia de las bebidas, que era el negocio original de los Ruiz-Mateos, o bien eran empresas constructoras ligadas a unas más que sinuosas actividades inmobiliarias”. Así levantó su imperio, maquillándolo de títulos nobiliarios como los que lucían sus antecesores en el uso y disfrute de La Almoraima. Por ejemplo, el de marqués de Olivara, que Ynfante asegura que Ruiz Mateos terminaría comprando en 1976 en la República de San Marino. También en este mismo contexto, cabe situar el hecho de que cinco hijos suyos fueran investidos con el hábito de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, en la basílica de San Francisco El Grande, de Madrid. Su holding caería en desgracia justo diez años después de que adquiriese el mayor latifundio de Europa. Pero ésa es otra historia.

Lecciones de huelga.
Los conflictos sociales empezaban a subir de tono y la Administración y los empresarios les replicaban con paños calientes. A mediados de septiembre, en plena vendimia, la Cámara Oficial Agraria de Jerez anunció que el Grupo Provincial de Empresarios de Viñas, ante la subida del precio de la uva, había acordado dar unos premios por jornada de trabajo como participación en los beneficios.

Pero, aquel año, en los colegios se impartía la difícil asignatura de la democracia. A pesar del sindicalismo vertical, de la policía secreta y del miedo evidente, la posibilidad de una huelga empezaba a mascarse entre los pupitres, aunque dicha palabra estuviera prohibida y no apareciese impresa. El Servicio Español del Magisterio convocó en la capital, a 26 de enero, una asamblea masiva de maestros nacionales, que pretendían protestar por los incentivos que se les estaban aplicando y que, en lugar de consolidarse como módulos por coeficientes, apenas adquirían rango de gratificación. En dicha reunión, se adoptó como principal acuerdo el de no asumir tares lectivas hasta que no se igualara la aplicación de un reciente módulo salarial con la del resto de los funcionarios públicos dependientes de la Administración central, incluyendo los administrativos y otras categorías del propio Ministerio de Educación.

De hecho, ya al día siguiente, se suspendieron las clases. Todas, salvo una:  Justicia Social y sobre cómo ésta se logra a través de la paz y no de la violencia. Este conflicto sería la cuna de los futuros sindicatos de enseñanza adscritos a UGT, a CC OO y USTEA, e incluso al sindicalismo libertario. Pero los docentes no sólo se enfrentaban a la furia de la administración, sino de algunas asociaciones de padres, como la del colegio San Pedro, en La Línea, una entidad que llegó a escribir al mismísimo presidente Luis Carrero Blanco, lamentando la pérdida de horas lectivas que sufrían sus retoños.

Pero el Gobierno no tenía demasiadas ganas de que la insumisión fuera a mayores, así que tras reunirse una comisión de enseñantes con el gobernador civil,  el día 31 de ese mes, terminó por romper la huelga concediendo por decreto lo que estipulaban sus principales reivindicaciones. Los niños volvieron a desempolvar los libros de texto heredados de sus hermanos o adquiridos a precio de usura en las librerías y centros escolares de la época. Pero el pulso de los maestros no fue baladí. Y trajo cola.

El 1 de marzo queda aprobada la Universidad a Distancia en Cádiz, una iniciativa pionera que contará con centros asociados en Algeciras y en Jerez, pero una nueva lección empezaba a escribirse sobre las pizarras. La educación iba a seguir siendo una larga asignatura pendiente. En Ceuta, el 13 de febrero, se reúnen diversas agrupaciones del sindicato de enseñanza y  tratan las diferencias en la situación económica entre el sector privado y contratado respecto al profesorado estatal: había que revisar la ordenanza laboral de la enseñanza privada, concluían. En institutos como el de San Fernando, los padres hablaban de negligencia del profesorado y los profesores de reivindicaciones laborales: allí y en otros centros docentes del país, había paro dos días por semana y afectaba sólo a algunas asignaturas. Su plataforma laboral pasaba por el rechazo de la  inseguridad en el empleo, sobre todo en los casos de contratados e interinos, exigencia de certificado de buena conducta, falta de legislación laboral coherente e inoperancia de los cauces representativos. Algo empezaba a moverse y las autoridades, en el fondo, sabían lo que era. Subversión, le llamaban.

Algo seguía ocurriendo en las aulas. Pocas semanas después de aquella huelga a la que nunca se le llamó huelga, el malestar llegaba a los institutos, donde los profesores no numerarios, al carecer de representación directa, tenían que recurrir a los padres de alumnos para que expusieran a la opinión pública la precariedad de su situación laboral. Era el anuncio de un nuevo foco de tensiones que iba a perdurar incluso después de la muerte de Franco. En el mes de marzo, este asunto llega a adquirir visos de insólita polémica, en las páginas del diario campogibraltareño Área.
El día 14, Fernando Pérez Aguado publica un artículo titulado La sombra trágica de las huelgas, en el que pone en solfa la movilización de los penenes y “hace un recorrido falseado acerca de las revoluciones”, según le contestan siete días después un grupo de profesores del instituto Isla Verde, de Algeciras, entre quienes figuran Jorge Pérez Tenorio –quien del Partido Socialista Popular de Enrique Tierno pasaría a las filas del Partido Socialista de Andalucía–, Luis Fernández Fernández, Jesús Fernández Balbuena, José Peñuelas, Francisco Tornay Román o Pilar Calvet Lora, quienes se pronuncian sin remilgos a favor del anarquismo, sindicalismo, feminismo, etcétera, ridiculizando los conocimientos del anterior articulista y sus sesgos en las interpretaciones que formulaba sobre la historia del movimiento obrero.

El motín de los educadores fue contagioso. No más, el 6 de febrero, los funcionarios públicos municipales demandan la equiparación de sueldos con los estatales, estimulados por el logro de los maestros. ¿En qué condiciones se trabajaba entonces? Basta echar un vistazo a las conquistas que recogía el nuevo convenio colectivo del Grupo Local del Comercio de la Piel de Cádiz, perteneciente al Sindicato Provincial de la Piel y firmado por esa fecha: entre las mejoras, figuraba la posibilidad de librar los sábados por la tarde, en verano.

En abril, las agitaciones sindicales llegarán a los ferroviarios, cuyo grupo social muestra su disconformidad con la Reglamentación del Trabajo y reclaman un convenio colectivo sindical. Las tensiones sociales eran cada vez más evidente. El día 2 de junio, Diario de Cádiz informaba de la paralización de las negociaciones del convenio colectivo para el grupo local de Embarcaciones de Tráfico Interior de Puertos, “ya que cuando se inició la lectura de las pretensiones de la representación obrera, la representación económica abandonó la sala”. El pulso laboral alcanzaba a veces un insólito punto de ebullición, como ocurriera en vísperas del Día de la Raza, cuando la policía acudió a la Delegación de Sindicatos porque alguien había avisado de que los directivos de la empresa Aguirrezabala y los obreros –entonces se les llamaba “productores”– estaban a punto de llegar a las manos.

Luces y sombras del Plan de Desarrollo. La economía mundial hizo crisis en 1973 y la provincia gaditana no iba a ser ajena a ese proceso. En la Bahía de Cádiz, se mantenía el monocultivo industrial de los astilleros e industrias afines, que venía dando trabajo directo al 25% de su población, a través de Astilleros de Cádiz y la Factoría de la Empresa Nacional Bazán, en San Fernando. Ese año, se procede a la inauguración del Astillero de Puerto Real, que estaba llamado a ser el más moderno y con mayores recursos de todo el país, pero cuyo horizonte se vio seriamente limitado con las vacas flacas petrolíferas.
La superproducción vitivinícola, por un lado, y el aumento de los costos, también se lo pusieron difícil al negocio del vino, que tuvo que afrontar un plan global de estabilización del Marco de Jerez

Los tecnócratas de sucesivos gobiernos españoles habían promovido dos Planes de Desarrollo a escala estatal, que tuvieron eco sobre la comarca deprimida del Campo de Gibraltar. Sobre todo, el segundo plan, que se desarrolla entre 1968 y 1971, con la construcción de la factoría de Acerinox, con la participación de capital japonés, o la Refinería Gibraltar de Cepsa, que ya tenía una planta similar en Canarias pero que pretendía operar en la Península. Inicialmente estaba prevista su radicación en el País Vasco pero fue una decisión política adoptada en Madrid, la que forzó su construcción en San Roque. Los técnicos de la petrolera apostaban por levantarla en el interior de dicho término municipal, pero fue nuevamente el Gobierno quien insistió en que se hiciera en la costa, aunque fuera pasando por encima del cadáver de las ruinas romanas de Carteya. Se trataba de lo que alguien llamó “política de escaparate” frente al Peñón irredento, con la frontera cerrada a cal y canto desde 1969 y cuyos trabajadores peleaban ahora por la paridad social, como harían sus portuarios precisamente en enero del 73. Al lado español de la Verja, llegarían otras empresas solventes, como la papelera Celupal, en Algeciras, o la compañía Sevillana de Electricidad, que abrió una central térmica de gasóleo en Puente Mayorga.

Pero también hubo pufos, como el de los astilleros de Crinavis, que abrían en 1973, en Campamento, con el propósito de construir buques criogénicos para el transporte de gas licuado, un sector que entraría definitivamente en crisis con la apertura del canal de Suez, ese mismo año. Las perdidas serían monumentales y la factoría quedó como ejemplo manifiesto de la malversación de los fondos públicos que se utilizaron para industrializar aquel viejo territorio de oberos que encontraban empleo en el Peñón, pescadores que empezaban a tenerlo difícil en Marruecos, jornaleros rodeados por el mayor latifundio europeo, carabineros y contrabandistas que vivían al salto desde que murieron los corsarios, 200 años antes.

Confecciones Gibraltar era otra empresa que seguiría similares pasos. Se trataba de una industria textil que había nacido al rebufo de las subvenciones y exenciones fiscales al amparo del Plan de Desarrollo para el Campo de Gibraltar. El 23 de enero de 1973, una noticia aparecida en el diario Área, de La Línea de la Concepción, hacía saltar las alarmas de aquellos que eran capaces de leer entre líneas: se calificaba como sensacionalista el rumor de que los trabajadores de dicha firma no estuvieran al día en el percibo de sus salarios. Su cierre final estaba a la vuelta de la esquina, sin que nunca se sentara en el banquillo a los responsables de aquel fiasco que también había contado con los beneficios propios de un plan estatal. Resultó el reverso de la moneda de Acerinox, la factoría con capital japonés que se había instalado en el polígono de Palmones, en Los Barrios, y que, a pesar de mantener una disparatada política de relación con sus trabajadores, seguiría en expansión hasta entrar directamente en el mercado norteamericano, durante la década de los noventa. Ya entonces, en 1973, empezaba a dar pasos para una futura integración de España en la Comunidad Económica Europea, 12 años antes de que dicha adhesión ocurriese.

El 1 de febrero, se pactó con Trasmediterránea el servicio de trasbordo del Estrecho, aunque apenas ocho años más tarde, la naviera estatal habría de enfrentarse a una dura competencia por parte de la privada Isleña de Navegación, SA, aunque, claro, ésa ya sería otra historia. Al menos, en ese momento, se garantizaba la prestación de un servicio público, un puente con las ciudades españolas situadas al norte de Marruecos, durante la etapa que los historiadores conocerían luego como “los años de plomo” de Hassán II.

Algo estaba cambiando, definitivamente, incluso en la alta economía. El 26 de mayo, tiene lugar en la Delegación Provincial de la Organización Sindical, “una reunión a la que asistieron numerosas mujeres que desempeñan funciones empresariales de una u otra índole en nuestra provincia”. Un mes después, el 20 de junio, se celebra una asamblea provincial de mujeres empresarias para constituir una asociación similar a las que ya empezaban a surgir en distintos puntos de la Península. Sin embargo, en Cádiz, su papel social no fue demasiado lucido.

De los guateques a los curas obreros. En la capital, las grúas estaban levantando aún lo que luego serían los bloques de la barriada de la Paz en Cádiz, gemelos a los que su misma constructora, CISA, acababa de entregar en la barriada de la Reconquista de Algeciras, mientras en Guillén Moreno, en el corazón de Puerta de Tierra,  la gente revendía las viviendas sociales por más dinero.

Los jóvenes organizaban guateques y temían los efectos de las pastillas de leche de burra y de las hebras de plátano puestas a secar; la Semana Santa era solemne pero no tan exuberante como años más tarde y el parque automovilístico pasaba del Seat 600 al 850, del Simca 1000 al Mini. Pocos años antes de su muerte, Antonio Machín, en traje de lentejuelas, ofrendaba flores a la Virgen del Rosario y cantaba, luego, en el Cortijo Los Rosales mientras un desalmado le llamaba “fracasado”.

Frente al viejo concepto de caridad cristiana, en la sociedad gaditana empiezan a suscitarse avances en materia de asistencia social, como supuso, por ejemplo, la inauguración de la Guardería Infantil Los Pastores,  que la Caja de Ahorros de Cádiz abrió en Algeciras para personas sin medios y como complemento a otras unidades similares que ya existían, aunque en precario, al amparo de parroquias o colegios. A finales de los sesenta, el obispo Antonio García Añoveros había promovido la realización de un estudio sociológico sobre el Campo de Gibraltar, una zona que a finales del siglo XX iba a compartir los mejores resultados industriales y el mayor índice de paro de Andalucía, pero que hacia el ecuador de dicha centuria presentaba un rostro económicamente deprimido.

En 1973, Añoveros era sustituido por Antonio Dorado Soto bajo la mitra de Cádiz y Ceuta: “Las bases de la Iglesia vivieron esta etapa con mucha intensidad. Había muchos sacerdotes y grupos de seglares muy implicados con los cambios que se planteaban en el país. Y buena parte de la Iglesia acogía a los colectivos de la oposición”, asume con el paso de los años.

El compromiso social de la Iglesia, tras el Concilio Vaticano II, venía cada vez más unido a la figura de los curas obreros. En la parroquia Asunción de Nuestra Señora del Cerro del Moro, seguían dos sacerdotes, que luego dejarían de serlo. Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, especialista en derecho laboral que llegaría a ser Defensor del Pueblo de Andalucía en funciones, y Gregorio López Martínez, futuro gobernador civil de Córdoba, bajo el mandato socialista. Ambos, a 14 de marzo de 1976, comentan en una carta al director de Diario de Cádiz, ciertos datos publicados sobre la sesión plenaria donde se hablaba de las labores de limpieza que el Ayuntamiento había llevado a cabo en el barrio y en el que se había llegado afirmar que el problema estribaba en que los vecinos no colaboraban en dichas tareas. Estos sacerdotes no sólo replican con argumentos hasta qué punto esto es falso: el vecindario fue el que, recogiendo firmas, consiguió que el Ayuntamiento se planteara el problema de las ratas en la vía, los escombros, el asfaltado: “... nos gustaría preguntar a los señores concejales ¿cómo puede cooperar el vecindario si no tiene información, no ven hechos concretos, no se ponen en contacto con el vecindario, mientras los vecinos asisten perplejos al adecentamiento y embellecimiento continuos y esmerados de otras zonas de la ciudad? (...) Como sacerdotes salimos en su defensa y apoyo (...) porque valoramos su acción, sus derechos, sus justas peticiones, sus personas”.

Había otros sacerdotes de la época comprometidos con esa misma causa. Era el caso de Pepe El Capuchino, José Araújo, adscrito a La Pastora, Miguel Moubán, en San Francisco Javier o Alberto Revuelta, en Puntales. Pero también las nuevas ideas postconciliares corrían como la pólvora en el resto de la provincia, desde Jerez al Campo de Gibraltar, donde se movía un activo grupo de monjas, comprometidas con los suburbios de lo que entonces se llamaba sociedad de consumo. A Andrés Avelino lo confirmaron como cura obrero los cuatro policías que le propinaron una paliza en la primavera del 77, poco antes de que legalizaran al PCE y de que las elecciones generales pusieran fin a las tinieblas de la dictadura: “Me sacaron del coche donde yo estaba con una familia, junto a la Escuela de Maestría y el Teatro Florida, en Algeciras. Me llevaron atrás, a un callejón, y me dieron la grande. Me acusaron de insultarles. Me dieron en la cabeza, me rompieron el reloj y los papeles que tenía. Luego me llevaron a comisaría y pasé la noche en el calabozo. Quise ponerles una denuncia, pero me dijeron que tenía que ir a identificarles y lo dejé. Les dije que cuando un policía lleva a alguien detenido, tiene que dar su nombre en el parte”.

En el seminario, hubo quien le dijo que no servía para llevar los hábitos y él estuvo a punto de hacerle caso hasta que se topó con otros que no pensaban lo mismo: Alfonso Castro, la JOC, la HOAC. “Yo creía que tenía que transmitirle algo a la gente y entonces me di cuenta de lo contrario, que no tenía que decir nada a nadie sino escuchar a todo el mundo. El único que queda de cura, de todos ellos, soy yo. Otros se salieron o se casaron”.

Recuerda con afecto al obispo Antonio Añoveros, cuyas homilías solían sufrir severas multas durante la agonía del franquismo: “Era muy buena gente, un obispo muy inquieto. Cuando me ordenaron, le dije que lo queyo quería era trabajar en lo que fuese y no limitarme a atender una parroquia. Me dijo que si pero que, por lo menos, tenía que estar dos meses al año en una iglesia”.

Corrían los últimos años sesenta y optó por la parroquia de La Palma, en Algeciras, en el Campo de Gibraltar, una frontera emergente como consecuencia de la industrialización que siguió al cierre de la Verja con el Peñón. Comenzó trabajando de peón de albañil y estuvo dos años construyendo casas: “La policía empezó a ver que era un tipo raro. Cuando se acabó el trabajo, me fui a buscar otro y no lo lograba, porque la policía ya había estado allí antes y habían ordenado que no me contratasen. Un amiguete, Pepe Lloret, al que llamaban El Bigotes, era de la JOC y trabajaba de motorista en los barcos de pesca: ‘Sácate el folio –me dijo–, haz el examen´. Un patrón me enroló, sin yo decirle que era cura. Pasaba por estudiante o por un tío que escribía un libro. Diez años anduve embarcado y no supieron que era cura hasta que llevaba seis: ‘Si tú eres cura, yo soy el Papa’, se guaseaban los compañeros. Claro que, en el barco, cuando el patrón se cruzaba por ejemplo con el párroco, llegaba diciendo que se había encontrado con un pájaro y que aquel día no salíamos, porque decían que daba mala suerte cruzarse con un sacerdote. ‘Si tú supieras que llevas al pájaro a bordo´, decía yo para mis adentros”.

De aquellos tiempos, rememora apresamientos a punta de metralleta marroquí o las andanzas de un catalán mafioso que le sacaba las perras a las cofradías a cambio de avisar por donde rondaban las patrulleras: “Norte, bueno; sur, malo”, avisaba. Andrés Avelino dejó de ser pescador porque la flota se iba viniendo abajo, “porque había apostado por el congelado y nuestros barcos eran artesanales”. Luchaban por mejores condiciones a bordo, mientras los caladeros iban a menos y los antidisturbios iban a más: “Nos dieron algún que otro leñazo con las pelotitas. Tenías que llevar todo el día el carné en la boca porque te lo pedían cada dos por tres”.

Marejada
en la costa
. Fernando Quiñones, que había abierto el año publicando un amplio artículo y antología poética de Ernesto Cardenal, en las moderadas páginas del Diario de Cádiz, logró vincular definitivamente al ilustre gaditano exiliado en Roma, Rafael Alberti, con la causa veraniega que él estaba defendiendo ya, Alcances, una muestra cinematográfica que, para Cádiz, no sólo supuso una oportunidad de contemplar cine, teatro, música o artes plásticas de avanzada, sino una rendija por donde iría colándose el virus de la libertad. Quiñones no será el único escritor gaditano en enarbolar la bandera albertista: en febrero de ese año, el escritor portuense José Luis Tejada leerá en Sevilla su célebre tesis sobre su paisano.

Antes, el 23 de enero, en el instituto gaditano de Nuestra Señora del Rosario –todavía femenino por aquellas fechas– se presentó en público la revista Marejada, la única publicación del grupo que promovió un inquieto grupo de jóvenes intelectuales de la ciudad, entre quienes figuraban los escritores Jesús Fernández Palacios, José Ramón Ripoll o Rafael de Cózar, pero también el periodista Fernando Samaniego, el librero Pedro Rivera o el cantautor Serafín Martínez. El 22 de marzo, protagonizan un recital poético en el Colegio Mayor Chaminade. Título: El nacimiento y el Niño. Utilizarán textos de Miguel Hernández, Rafael Alberti, Alberto Miralles, Atahualpa Yupanki, Ángel Leiva y otros.  En abril aquellos jóvenes rebeldes y filocomunistas entrarán, de la mano de Manuel García Ceballos, en el sacrosanto Ateneo de Cádiz. El 23 de mayo, volvieron a Chaminade, para brindar un histórico homenaje a Carlos Edmundo de Ory, con motivo del cincuentenario de su natalicio. Ory vivía en Amiens y aquel recital, titulado La Orygénesis, tenía como propósito “que Cádiz sepa que existe y tenga más conciencia de su valor”. Mientras Jerez lucha por la creación fallida de un Museo Nacional de Flamenco, la Caja de Ahorros de Cádiz adquiere en el mes de marzo la biblioteca de Augusto Conte, formada por 16.000 volúmenes, que supondrán el germen de la futura Biblioteca de Temas Gaditanos.

Por entonces, Luis Alberto  Balbontín, quien andando el tiempo asumiría la dirección del centenario rotativo gaditano, reclamaba explícitamente que los Carnavales gaditanos volvieran a ser carnavales y dejaran de ser fiestas típicas y que volviesen a cumplir con la tradición –por lo demás, estrictamente cristiana– de su celebración en el mes de febrero. Años después de la guerra civil, el franquismo los había prohibido en toda España y sólo toleró su mantenimiento en algunos lugares de la Península –Isla Cristina o, andando el tiempo,  en Canarias–, y su pervivencia en Cádiz, bajo la extraña forma de Fiestas Típicas Gaditanas, cambiando su calendario al extraño pero soleado mes de mayo. Un mes más tarde, Balbontín vuelve a la carga y reclama que los carnavales vuelvan a su fecha, “con todo lo que conllevaba”: agrupaciones musicales y ambientes callejero, en vez de majorettes importadas de Brasil o de Tenerife.

“Yo volvería a febrero, de ser Carnaval de verdad”, declaraba meses más tarde El Quini, cuando el Ayuntamiento había decidido prohibir los ensayos generales de las comparsas. En el concurso que acompañaba a las Fiestas Típicas de mayo, Paco Alba presentó su celebérrima comparsa Estampas Goyescas pero quedó en segundo lugar. El prestigioso autor se quejaba abiertamente por dicha circunstancia y achacaba dicha injusticia a la envidia y a “otras cosas”, que no aclaraba.

Las autoridades calificaban como 3R (Mayores con reserva) la proyección en las salas gaditanas de una de las películas emblemáticas de Sam Peckimpah, Perros de paja. Y el 18 de marzo, en el cine Avenida, se estrenaba El divorcio es cosa de tres, con la misma calificación. Pero lo único que tenían en común ambos filmes era su actor protagonista: Dustin Hoffman. Por aquel entonces, toda la provincia era un hervidero de películas subtítuladas, a veces con coloquio –cinefórum, les llamaban– donde la policía secreta se convertía en cinéfila. La Agrupación de Cultura y Arte utilizaba las instalaciones del colegio Salesianos de Algeciras para proyectar películas que normalmente no pasaban a los circuitos comerciales. También el cine-club, que había surgido en los años sesentas y que iba a tener un precedente ilustre en dicha localidad y en Jerez, es la fórmula elegida por la asociación Medusa –en ella, militaba, por ejemplo, José Luis Tejada– para rendirle tributo a René Clair, en El Puerto de Santa María. O para proyectar un ciclo en homenaje a otro ilustre maldito, Luis Buñuel, en el instituto Columela de la capital gaditana. Para abrir boca, el filme El ángel exterminador. Claro que en la capital, el cine club más veterano operaba en la Escuela de Náutica, donde a partir de marzo de aquel año, se rendía homenaje a Ernest Lubisch, con una retrospectiva.  La hoz y el martillo se infiltraba en formato de 35 ó 26 milímetros. El instituto Columela –era 1 de junio– sirvió para proyectar la película Hamlet como recuerdo póstumo a Grigori Kosintsev, el director de cine soviético fallecido días antes y cuyas películas fueron las primeras de un cineasta de la URSS que pudieron verse en nuestro país, a partir de 1969. La Unión Soviética no sólo eran películas subtituladas y telones de acero, sino ballets y coros, kasatzchov popularizados como canciones y bailes de verano. El espectáculo musical Balalaika levantaba al respetable de sus asientos en el Pemán, durante el mes de septiembre, un escenario que cerraba el verano con la actuación de “las máximas figuras de la música pop”, Miguel Ríos y Teddy Bautista, que acababa de abandonar las filas de Los Canarios.

El grupo Tagore llevaba el teatro a las calles de Puerto Real, lo que no era moco de pavo teniendo en cuenta que su repertorio incluía  la representación Los Esclavos, de Antonio Martínez Ballesteros. (“Deleita y rechaza el caciquismo, enseña el conformismo de los explotados y la omnipotencia del explotador”, podía leerse en el diario Área, en el mes de enero, cuyo crítico Pavir les tachaba, en cambio, de exagerados y anacrónicos); y La historia del hombre que se convirtió en perro, de Osvaldo Dragun, así como La Pancarta, del chileno Jorge Díaz, pocos meses antes de que Augusto Pinochet destrozara el socialismo con rostro humano que soñó Salvador Allende. Hasta el Campo de Gibraltar, les había llevado la Sociedad Algecireña de Fomento, una entidad creada por la burguesía local y que, en aquellos años, se posicionaba en torno a la demanda de mayores libertades escénicas.

Un cenetista desterrado que se llamó Daniel Florido, fundó junto a los maestros Manuel Fernández Mota y Antonio Sánchez Campos, una revista poética en Algeciras. Se le llamó Bahía y superaba, ese año, ciertas dificultades económicas, mientras, en Cádiz, se presenta en público Marejada.

Antonio Burgos, aquel sevillano que de niño había visto, desde Rota, como ardía la trimilenaria durante la explosión del 47, firmaba ejemplares de su obra El contrabandista de pájaros, en las instalaciones de la librería Minerva. Burgos venía de publicar un título clave de la transición, Andalucía, ¿tercer mundo?, aparecido en 1971 y que describía, entonces, a la provincia gaditana como “el reino del latifundio”. “La imagen del señorito que tarda un día en recorrer a caballo su finca es en este caso exacta, aunque quizá ahora no tanto porque ya suelen hacerlo en Land Rover. Tierra de ganaderías de toros bravos, de inmensos cotos de caza en la sierra. Hasta el mismo Ayuntamiento de Jerez, con sus Montes de Propios, es un terrateniente que le dio una larga cambiada a la Desamortización. En la provincia de Cádiz, el 3,4 por ciento de las explotaciones agrarias tienen un 66,4  % de las tierras. En la provincia hay 19.963 explotaciones, que tienen una extensión total de 678.527 hectáreas”.

José María Pemán ocupaba la presidencia del Ateneo, pero no era ya el autor de El Ángel y la Bestia, sino el liberal monárquico que coincidía periódicamente con don Juan de Borbón en Estoril y que se había hecho enormemente popular con su serie El Séneca, protagonizada por el malogrado actor Antonio Martelo, en la pionera televisión blanquinegra de los años sesenta. Ya tocado por el parkinson, en marzo de ese año atendía a un conferenciante que disertaba sobre la novela hispanoamericana que ya estaba dando nombres de la envergadura de Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, o Mario Vargas Llosa.

El 3 de marzo, se procede a la presentación en sociedad de la peña Enrique El Mellizo, que habían animado escritores como Fernando Quiñones y Jesús Fernández Palacios, pero que promueven principalmente Jesús del Río y José Leonsegui, su primer presidente: “Queremos recobrar el glorioso pasado flamenco de Cádiz, defender y divulgar este arte”, aseguraría este último. Carecen de local social, pero el Colegio de Médicos les presta su sede para oír los cantes de Fernanda y Bernarda de Utrera, junto a la guitarra gaditana del Niño de los Rizos, entonces legendaria.

En Jerez, Radio Popular contaba desde antiguo con un Grupo de Actores, incluyendo aquel Pepe Marín que popularizaría el monólogo de Las manos de Euridice. Los actores atravesaban el menudo las puertas de la emisora y ofrecían recitales públicos, como el que el 16 de junio de 1973, iba a tener lugar en el marco de los Festivales de España. A escena, un Collage Flamenco, con textos de Alfredo Mañas, García Lorca, Antonio Machado, Antonio Murciano, Ríos Ruiz, Gerardo Diego... Y Rafael Alberti. Rafael Alberti, cuya firma acompañará a la muestra cinematográfica Alcances, de ese año y que, también, dejará escrito otro aviso: “Cádiz, espero de ti, lo que tú esperas de mí”.
   
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